El sábado hubo una nueva manifestación organizada por las Asociación de Víctimas del Terrirismo, multitudinaria según unos, no tanto según otros. La novedad, si se le peuede llamar así, es que en esta ocasión se manifiestaron contra una decisión del Tribunal Supremo, institución que, en teoría, no sigue directrices políticas. Por supuesto PSOE y PP se han vuelto a enzarzar en su particular rifirafe por ganarse a la opinión pública, pero obviando a los ciudadanos normales. La manifestación, como las anteriores, más que rechazo a las decisiones tomadas pone en evidencia la incomprensión de éstas decisiones, fundamentalmente las del sistema judicial y penitenciario español.
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Y es que es difícil de entender que alguien que haya sido condenado a 3.000 años de cárcel sólo tenga que cumplir 18, máxime cuando resulta evidente que no ha habido ni arrepentimiento ni ánimo de reinsercción en la sociedad. A mi, que no soy víctima del terrorismo, me parece repulsivo; entiendo que a una víctima le pueda resultar ofensivo. Que el hecho de buscar posteriores opiniones del asesino para evitar que salga de la cárcel. Éstas opiniones, que pueden ser amenazas y una forma de dar objetivos a ETA, demuestran claramente que no se dan las condiciones de poner en libertad a un asesino que pretende seguir siéndolo. A pesar de todo ahora ya no está cumpliendo una condena por asesino, sino por presuntas amenazas, lo que produce el impacto es la imcomprensión ante tan drástica reducción de pena en una aplicación de la ley en la que se mantiene la forma, pero no el principio,
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El Tribunal Supremo no tiene porqué dar explicaciones, los que se dedican a las leyes pueden seguir ocultándose en un vocabulario arcaico y una jerga incomprensible, pueden seguir recurriendo a títulos y artículos en beneficio del reo y perjuicio del público, pueden seguir sirviendo a las leyes y olvidando la justicia. En fin que pueden seguir estando a espaldas de los ciudadanos, pero no pueden exigir el respeto de los mismos si no son capaces de explicar sus decisiones. Su independencia les da un poder inusitado, pero también los aisla.
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Todo tiene sus consecuencias, la actual aplicación de la justicia hace que el ofensor resulte más beneficiado que el ofendido, que el asesino reciba más cuidados que sus víctimas y que los ciudadanos honrados tengan que tener más miedo de los letrados que la mala gente. Creo que hay algo que no funciona, que no se entiende y que no se explica. Resulta todavía más incomprensible cuando se establece que el Poder Judicial es independiente, cuando lo que en realidad parece es intocable e inefable.
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Lo que si es verdad es que éste sistema hace del asesinato, el robo y la bellaquería algo rentable. Hace que valga la pena matar para conseguir unos objetivos. Eso es minusvalorar la vida y desproteger a una ciudadanía a la que dice servir. Eso es minar la convivencia y seguir la táctica del avestruz, pensando que no viendo, o no queriendo ver, la realidad cotidiana no hay problemas. En definitiva, no es un problema de estar en descuerdo o disconforme, es un problema de incomprensión.
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