Instituciones fallidas.
Nos dice Wikipedia que un Estado fallido es un Estado que ha perdido su capacidad para cumplir funciones
fundamentales de seguridad y desarrollo, careciendo de un control efectivo
sobre su territorio y fronteras. Podríamos decir que una
institución fallida es aquella que carece de la capacidad de cumplir su
función.
He tenido la curiosidad de preguntar a google por los asesores con
que cuenta el Gobierno y su respuesta es la siguiente:
El Gobierno de España cuenta con un total que ronda los 1.500 y
1.700 puestos de personal eventual (asesores) y altos cargos en el conjunto de
la Administración General del Estado, variando la cifra exacta según las
actualizaciones del Boletín
Estadístico de Personal del Ministerio para la
Transformación Digital y de la Función Pública. Solo en el área de Presidencia
y los ministerios con competencias asimiladas se superan habitualmente los 450
o 470 asesores directos.
Desglose y conceptos clave
Personal eventual: Se denomina así legalmente a los asesores y miembros de gabinete de
confianza nombrados de forma directa.
Presidencia (Moncloa): Concentra cerca de 470 asesores dentro de su estructura de
gabinetes y departamentos de apoyo directo al presidente y ministros de la
presidencia.
Total
en ministerios: El conjunto de todos los
departamentos ministeriales eleva la cifra global de personal de confianza y
altos cargos por encima de los 1.500 efectivos en los registros oficiales.
Podemos con todo ello plantearnos qué tiene España de Estado
fallido y qué tienen sus instituciones de fallidas. Creo que la irrupción de 70.000
personas saltándose la frontera y la permanencia en territorio nacional de una
gran cantidad de ellos, sin ser capaces de dar una cifra oficial demuestran una
falta de control efectivo sobre el territorio y las fronteras. No se comprende en estas circunstancias la utilidad de más de 1500 asesores, de ellos 450 en la presidencia, si tenemos que plantearnos esta pregunta.
El auge del narcotráfico en Andalucía y la continua llegada de
pateras demuestran la incapacidad de combatir a las mafias eficazmente. La
plaga de incendios forestales que estamos padeciendo demuestra la ausencia de
políticas eficaces, como también lo pone en evidencia la crisis de la vivienda,
la subida de la electricidad (cuando el porcentaje de energía
renovable está en máximos que, nos dicen, es gratis).
En lo único que no resulta fallido el Estado es cobrando
impuestos, pero la corrupción y el despilfarro vuelven a mostrar en la política e gastos una ineficacia
gubernamental y sistémica.
El Gobierno lleva ya tres años intentando sacar adelante unos
presupuestos, prefiere dejarlos como asignatura pendiente antes que
negociarlos. La oposición tampoco hace gran cosa por pactarlos, le interesa que
no los haya. Y los supuestos socios del Gobierno más que negociar recurren al
chantaje. Esta situación ahonda aún más en la sensación de Estado fallido.
En un intento de gobernar, el Gobierno ha abusado de la figura del
decreto-ley, una medida excepcional para casos de urgencia, que ha llegado a
ser algo que ya entra dentro de la normalidad y casi se ha convertido en una
medida transitoria cuando la mayoría de ellos han sido rechazados en el
Congreso. El Gobierno, simplemente, no gobierna; va parcheando según surgen las
circunstancias.
En esta situación juzguen ustedes cuánto tenemos de estado fallido
y qué podemos hacer para solucionarlo. No busque un culpable, hay más de uno, y
si sabemos quién es el responsable: el que debe tomar la primera decisión.
Hasta que la tome seremos un Estado y un sistema cada vez más fallido.
