24 mayo 2007

CRONICAS DE LA DERROTA, EL PRECIO POLÍTICO

Me ha llamado la atención la preparación de protestas, en forma de botellón, contra algunos alcaldes en la noche de la jornada de reflexión. No sé hasta que punto estaría legitimado la organización de una manifestación el mismo día, pero, a fin de cuentas una aglomeración de gente para protestar es una forma de manifestarse. Mezclar la protesta y el alcohol puede ser peor.
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También me llama la atención la cantidad de veces que se repite que España es un estado de derecho en el que se respetan y se hacen cumplir las leyes. Parece ser que la aplicación de las leyes es flexible o su cumplimiento tiene muchos recovecos. Aunque he dicho muchas veces que aplicar la ley no significa ejercer justicia, nos encontramos en otras ocasiones que la aplicación de las mismas es una forma de obligar a cumplir unas normas de convivencia.
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Si no podemos hacer que se respeten las leyes es inútil publicarlas, endurecer la ley haciendo que el que maltrata a su pareja se aleje es ésta cinco kilómetros en vez de uno no da más seguridad si nadie puede asegurar que se mantendrá cinco kilómetros alejado. Alguien me podrá decir que hay un problema de recursos que no hay tantos policías para dedicarlos a hacer cumplir todas las leyes, es cierto. Pero a la vez que se hace un esfuerzo casi titánico por hacer que se respete la ley antitabaco, se debilitan las acciones encaminadas a impedir el maltrato conyugal. Mientras la Operación Malaya ha logrado encarcelar o poner a disposición judicial a varios personajes bien, las olas de atracos siguen sin que se haya hecho nada por ofrecer una solución, parece que la aplicación de la ley tiene sus prioridades.
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El caso, volviendo al tema del principio, es que siempre podemos ver en la aplicación o no de la ley una solución práctica. Convocar y permitir manifestaciones camufladas sin que medie un problema ético con el ánimo de modificar unas elecciones va contra la ley, pero en éste caso ir contra ella puede provocar que se den unos votos más, hacerla cumplir puede tener como consecuencias la pérdida de votos. Por tanto la obtención de un beneficio, en el mundo político está por encima de la ley, esto significa que ya se está pagando un precio político. Toleramos algaradas porque impedirlo puede ser peor. Permitimos que nos insulten porque penalizarlo puede significar un perjuicio.
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En fin que no tengo claro si estamos pagando un precio político o sufriendo el precio de la política.

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